Artículo de Nelly Minyersky para La Ley

El próximo 10 de octubre se elegirá a la persona que va a representar a los abogados y abogadas de las Ciudad de Buenos Aires en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
La lista 4 “JUSTICIA INDEPENDIENTE” se destaca por que es la única que lleva como candidatas a dos abogadas.
Tanto la Dra. Itatí Di Guglielmo, como yo, tenemos una extensa trayectoria en el ejercicio de la profesión, que no ha sido incompatible con nuestra tarea académica y el trabajo en las organizaciones gremiales de la abogacía.
Estas circunstancias nos permiten tener una visión muy especial de lo que se puede hacer desde el Consejo de la Magistratura, a pesar de la inconstitucional reducción que impuso la Ley 26.080 a la representación de los abogados.
Por supuesto que partimos de la premisa de trabajar por la plena vigencia de las instituciones sobre la base del respeto a la Constitución Nacional y la edificación de un Estado de Derecho Democrático y Social.
Aspiramos a contribuir eficazmente para que exista un Poder Judicial incorruptible, integrado por hombres y mujeres que estén libres de ataduras tanto del poder político como económico, con formación ética, democrática y republicana, garantes de la Constitución y los derechos de los ciudadanos, con compromiso social.
Entre las prioridades que nos hemos fijado para el supuesto de resultar electa, señalamos la necesidad de lograr que el presupuesto para el Poder Judicial permita contar con la cantidad de magistrados, funcionarios y empleados que resulten necesarios para atender adecuadamente las demandas que se plantean; la incorporación de todos los adelantos tecnológicos que faciliten y agilicen la gestión tanto de los tribunales como de los profesionales que litigan.
Pero muy especialmente queremos atacar el aspecto edilicio para adecuar las oficinas judiciales promoviendo una mirada desde el otro lado del mostrador.
El espacio físico de tribunales debe acoger amablemente a los litigantes y sus letrados, facilitarles la defensa de sus derechos y erradicar la hostilidad que -en general- presentan frente a quienes acuden en busca de Justicia. En este sentido no es ocioso recordar la ausencia de baños para mujeres en muchos edificios, la estrechez de las mesas de entradas, de salas de audiencias, la falta de comodidades para revisar expedientes, y el dispar desarrollo de los métodos de consulta on line.
En segundo lugar bregaremos porque se respete la condición del abogado como auxiliar indispensable de la Justicia, y por lo tanto, que se lo trate y considere en el ejercicio de su profesión, como lo exige la ley, con equivalencia a los magistrados.
Queremos reafirmar en la comunidad el rol social de la abogacía en el acceso y realización de la justicia.
En cuanto a las funciones más conocidas, vamos a exigir que en los concursos para la selección de jueces se designen jurados idóneos e imparciales y que los reglamentos garanticen la igualdad de trato entre los abogados que ejercen su profesión y quienes provienen de los estrados judiciales, revisando la actual asignación de puntajes, para lograr que no haya preferencias en contra de los abogados.
Insistiremos para que el Poder Ejecutivo no acepte la renuncia de magistrados con procesos de investigación avanzados en el Consejo.
También vamos a promover el desarrollo de una capacitación judicial permanente, mejorando la actividad de la Escuela Judicial para que cumpla eficazmente su contribución a edificar una justicia federal respetuosa de la vida, la libertad y los derechos y garantías de todos los habitantes de la Nación Argentina.
Defenderemos la representación igualitaria de mujeres y hombres en el Consejo de la Magistratura.
Estamos convencidas que el Poder Judicial debe estar comprometido con la solidaridad y la ética de modo de contribuir a la inclusión social de todos los habitantes y generar la confianza pública en la administración de justicia.
No hemos resignado la reforma de la ley 26.080 para cumplir el "equilibrio" ordenado por el articulo 114 de la Constitución, recuperando y reforzando la presencia de la abogacía del Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento, para lograr eficacia, rapidez y eficiencia en la selección de magistrados e impulsar celeridad al proceso de acusación de magistrados.
Estos postulados tienen como respaldo no solo nuestra propia conducta, sino la historia de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, entidad profesional que he tenido el honor de presidir, y de cuya gestión siempre nos hemos sentido orgullosas.
Nuestra propuesta no la pensamos para esta campaña electoral. Es el fruto de la lucha profesional de muchos abogados y abogadas, que nos han precedido en la construcción de un espacio solidario y progresista, pluralista y respetuoso, pero firmemente comprometido con una Justicia Independiente.

Nelly Minyersky